Por Antonio Rossi
Tras remediar el papelón legal del decreto 564/25, que fue aprobado la semana pasada sin tener la documentación en regla, la administración de Javier Milei puso en marcha la reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue, cuyas concesiones vencieron en agosto de 2023. El pliego incluye gestos a Río Negro y Neuquén: podrán cobrar un impuesto al uso del agua.
Para la venta de la totalidad de los paquetes accionarios de las nuevas sociedades concesionarias de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra de Águila, el ministro de Economía, Toto Caputo, propuso un pliego de bases y condiciones que genera suspicacias y dudas en el ámbito energético.
Hidroeléctricas: licitación con polémica
Los parámetros licitatorios contienen cinco puntos que quedaron bajo la lupa:
- flexibilización de los requisitos técnicos para los operadores de las usinas;
- eliminación de indemnizaciones al personal que cambie de empleador;
- falta de definición de las obras obligatorias;
- introducción de un nuevo recargo tarifario para inversiones asumidas por el Estado;
- aprobación de un canon adicional en las cargas impositivas que irá a las cajas de Neuquén y Río Negro a modo de compensación por no oponerse a las nuevas concesiones.
Para la licitación de las nuevas concesiones se armaron cuatro sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas. El objetivo facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación que tendrán una duración de 30 años.
Ofertas, antes de las elecciones
Tras haber prorrogado hasta fin de año la continuidad de las actuales operadoras: la resolución 1.200/25 firmada por Caputo estableció que las ofertas por las cuatro hidroeléctricas se abrirán el 23 de octubre próximo, tres días antes de las elecciones nacionales.
La modalidad prevista para la venta de las acciones es "un concurso público nacional e internacional sin base" con un esquema de doble sobre, en el que las oferentes deberán presentar por separado sus antecedentes técnicos y patrimoniales y el valor que están a dispuestos a pagar por el negocio.
La licitación está abierta sólo para empresas e inversores privados. No pueden participar entes, ni compañías públicas provinciales y municipales.
Como límite regulatorio se dispuso que ninguna oferente podrá pasar a tener más de 20% de la generación eléctrica nacional que alcanza a 43.555 MW. Una misma competidora podrá adjudicarse hasta dos centrales y todas deberán contar con un “operador técnico” que tenga como mínimo un 25% de participación en la sociedad oferente.
Energía, en dólares
Durante los dos primeros años de operación, las nuevas concesionarias deberán destinar el 95% de la energía generada a las distribuidoras eléctricas, a un precio fijo en dólares, mientras que el 5% restante podrá ser comercializado de manera directa con grandes usuarios o en el mercado mayorista. A partir de entonces, el porcentaje de venta regulada se reducirá de manera progresiva hasta quedar eliminado en 2046.
En relación con los requisitos que deberán cumplir las empresas oferentes, las condiciones económicas iniciales no presentan modificaciones: se mantiene la obligación de contar con un patrimonio mínimo de u$s 150 millones y activos superiores a u$s 300 millones. En cambio, sí se introducen cambios en los antecedentes técnicos que deberán acreditar las operadoras.
La exigencia incluida en los pliegos preliminares de haber operado una potencia máxima promedio de 350 MW se redujo ahora a 100 MW. Con esta modificación, podrán presentarse como operadoras empresas a cargo de centrales hidroeléctricas pequeñas y medianas. De este modo, podría darse el caso de que una compañía con experiencia en una usina de apenas 100 MW pase a gestionar El Chocón o Alicurá, que cuentan con una capacidad de generación diez veces superior.
Otro punto polémico de los pliegos es la virtual eliminación de las indemnizaciones previstas para técnicos y trabajadores de las centrales al momento del traspaso a las nuevas concesionarias. Con las nuevas reglas, el personal que continúe en funciones no percibirá ninguna compensación especial por el cambio de empleador, mientras que quienes decidan no seguir deberán negociar con las concesionarias salientes un eventual pago.
Nuevos impuestos de Javier Milei
En materia impositiva, la gestión libertaria cedió a la presión de los gobiernos de Neuquén y Río Negro y terminó aceptando la inclusión de un nuevo canon por el uso del recurso hídrico. Será compartido por las provincias y representará hasta un máximo del 2% de los ingresos totales que perciban las concesionarias por la potencia puesta a disposición y por la energía eléctrica generada.
A esta carga se añadirán otro canon del 2% destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y las regalías hidroeléctricas para las provincias equivalentes al 12% de las ventas de energía que concreten las usinas.
Las autoridades provinciales quedarán habilitadas, además, a poner un veedor cada una en las usinas con sueldos que deberán pagar las concesionarias.
Otra sorpresa que surge de los pliegos es la inclusión de un nuevo recargo tarifario que afrontaron usuarios de todo el país para una serie de inversiones que quedaron a cargo del Estado y no tendrán que pagar de sus bolsillos las futuras concesionarias.
Corresponden a los estudios y obras en torno a las presas Arroyito y Portezuelo Grande que un fallo de 2009 de Corte Suprema le ordenó realizar al Estado para garantizar la seguridad de estas infraestructuras frente a las crecidas extraordinarias que puedan amenazar su estabilidad.
Un dato esencial que aún no se dio a conocer y que condicionará la recaudación que espera embolsar Caputo es el referido a la cantidad y el monto de las obras electromecánicas obligatorias que deberán ejecutar las nuevas concesionarias. En los cálculos del ministro, la privatización de las hidroeléctricas debería implicar un ingreso del orden de los u$s 500 millones.
Para especialistas energéticos consultados por Letra P, esta suma sólo se podría dar si las inversiones obligatorias no superan los u$s 100 millones. Por encima de esta marca, estiman, las oferentes comenzarían a bajar los montos que están dispuestos a pagar por el negocio de las usinas.
Nota Editada en LetraP
