La protesta de transportistas de granos autoconvocados en reclamo de un aumento de la tarifa de carga superior al 35%, que ya lleva 10 días la vera de las rutas y con retenes en algunas de ellas y en los accesos a las terminales portuarias, impacta de lleno en los puertos bonaerenses y en los productores, con pérdidas que se ubican en torno a los US$ 100 millones.
Ese es el cálculo de afectación que elaboraron desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) teniendo en cuenta los problemas de funcionamiento que están teniendo las terminales de Necochea, Quequén y Bahía Blanca, además del incremento de costos para los productores por no poder transportar su cosecha. En contraposición, los puertos del Gran Rosario trabajan con normalidad.
Dicha estimación comprende las demoras en la carga de barcos por no contar con la mercadería, las multas por los atrasos, los desvíos de buques hacia otros orígenes y los gastos que deben afrontar los agricultores por los problemas logísticos y de almacenamiento.
“Si bien es difícil poder hacer un cálculo cerrado al respecto, estimamos que hay pérdidas por US$ 100 millones desde que comenzó la protesta”, indicó a Clarín Rural el vicepresidente de la CPPC, Luis Zubizarreta.
Según Zubizarreta, entre Bahía Blanca y Necochea, hay 8 muelles con problemas de carga, lo que implica que esa cantidad de barcos amarrados allí, los cuales tienen un costo de US$ 50.000 por día, que los tiene que abonar el exportador. A eso se suma la lista de buques que se encuentran en lista de espera.
“Hay barcos que se van juntando y tienen que esperar, lo que genera un efecto residual, complicando el esquema de carga y armando una cola importante”, dijo Zubizarreta.
Por otro lado, “hay algo que es más sutil que es clave y muy grave, que es el riesgo del origen argentino. Nosotros tenemos contratos para carga y entregar las cosas en tiempo y forma y si no se cumplen hay multas por eso y gente que se enoja al respecto. Además, se están desviando barcos a otros puertos fuera del país”, dijo el titular de la CPPC.
Para Zubizarreta hay otro ítem central en el cálculo de pérdidas y son los gastos extras que debe afrontar los agricultores por no poder transportar su cosecha: “aquel que cosechó o tiene que cosechar y no puede cargar su producción tiene que ponerlo en un silobolsa y eso representa un costo importante que no estaba previsto”, entre otros aspectos.
Y por último hay un impacto importante en los propios transportistas - entiende Zubizarreta -, ya que “en este momento de alta demanda, donde pueden conseguir las mejores tarifas, paran. Eso va a hacer que se pierda el flete corto en manos del tren o que parte de la mercadería se mueva cuando haya menos demanda”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, indicó que “hasta el día de hoy llevamos más de 8 barcos que no han podido completar sus cargas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron que ir hacia Brasil a hacerlo o que directamente fueron derivados allí. La playa del Triángulo en Bahía Blanca no está operativa dado que los autoconvocados están actuando de manera fuerte para evitar que haya ingresos o egresos de camiones de esa playa”.
“Además, hay preocupación por embarques de cebada que van a Medio Oriente o a Asia, que también están con problemas dado que les está faltando carga. Por eso estamos muy preocupados por esta situación, porque pone en riesgo también la reputación y la vida de la Argentina como proveedor de cereales y oleaginosas”, sostuvo Idigoras en diálogo con Clarín Rural.
Es por eso que dirigente empresarial consideró como “indispensable e imprescindible que haya un acuerdo lo antes posible, que las fuerzas de seguridad garanticen la libre circulación y sin problemas en ninguno de los puntos: ni de carga de cereales ni de ingreso a los puertos”.
El reclamo, actualización de tarifas y las quejas de las cámaras
El conflicto que llevan adelante los transportistas autoconvocados por una actualización de la tarifa de referencia de carga del 35% se profundizó en los últimos días, con más de 50 cortes en provincias con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tucumán y otras más.
El viernes de la semana pasada solicitaron al Gobierno nacional una reunión y la apertura de una mesa de diálogo de “manera urgente” para discutir un aumento de la tarifa, cuestión que fue rechazada por la Secretaría de Transporte al recordar que el Estado nacional no tiene injerencia en ese tema, ya que se eliminaron las “mesas de negociación nacional” al comienzo de la gestión de Javier Milei.
Dichas discusiones ahora se dan en las mesas provinciales. En Buenos Aires, una de las más importantes del país, las negociaciones quedaron estancadas tras no llegar a un acuerdo el viernes pasado entre dadores de carga (acopiadores y entidades) y las cámaras transportistas.
Si bien entidades como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) publicaron nuevas tarifas de referencia con un aumento de entre el 10% y el 13%, las mismas fueron rechazadas por los autoconvocados.
Hoy la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) publicó un nuevo cuadro tarifario con un aumento del 14%. Pero el mismo se encuentra muy lejos de las pretensiones de los grupos que se encuentran en conflicto.
De hecho, el viernes pasado la Unión de Transportistas y Afines (Untra), uno de las agrupaciones de autoconvocados que lidera las protestas, dio conocer sus propias tarifas de referencia, con un incremento muy superior a los establecidos por las cámaras.
Para tener como referencia, una viaje de 400 kilómetros debería valer $119.610 por toneladas transportada, mientras que para Catac tendría que ser de $70.559.
Por otro lado, varias entidades y cámaras agroindustriales dieron a conocer su preocupación por la situación.
Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidieron una “urgente normalización del transporte de cargas” ya que “hoy estamos todos afectados”.
“Productores que no cobran por no poder cargar, acopiadores y cooperativas, semilleros, insumos fábricas, puertos y demás operadores comerciales, transportistas que pierden viajes, Estados provinciales y municipios que no recaudan, y finalmente el Estado nacional dado que ya existen embarques que están siendo atendidos por países competidores ante la falta de mercadería en Argentina”, enumeró el CAA.
Fuente: Clarín
