El Gobierno de Argentina dio un paso atrás en relación a la iniciativa legislativa que buscaba aplicar una serie de sanciones a las empresas que estuvieran vinculadas con proyectos de extracción petrolera en las Islas Falkland/Malvinas. El nuevo posicionamiento estaría relacionado con presiones emanadas desde la Casa Blanca.
Cabe recordar que a principios de septiembre del vigente año, el presidente de argentino, Javier Milei, a través de una cadena nacional, anunció que su administración buscaría endurecer las medidas sancionatorias en contra de todas las compañías que participen de manera directa o indirecta en proyectos de este tipo de explotación en el archipiélago de actual administración de Reino Unido, pero del cual Argentina reclama su soberanía.
La ofensiva de Buenos Aires fue en respuesta a la confirmación del plan de exploración de hidrocarburos a cargo de la empresa británica-israelí Sea Lion, volviendo a generar un espacio de tensión en el Atlántico Sur.
Según informó el medio El Clarín, la Casa Rosada terminó cediendo a las advertencias realizadas por representantes del Gobierno de Estados Unidos, quienes manifestaron su preocupación debido a la posibilidad de que alguna firma estadounidense se vería afectada ante la iniciativa anunciada por las autoridades argentinas.
La molestia norteamericana fue comunicada oficialmente por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien en su visita a Buenos Aires se reunió con el canciller argentino, Pablo Quirno.
En definitiva, los asesores presidenciales de Milei decidieron limitar las penalizaciones a las empresas o grupos proveedores/abastecedores y accionistas de los proyectos petroleros. Específicamente, en el borrador de la ley denominada Defensa de la Soberanía Nacional, se determinó eximir de sanciones a los subsidiarios o filiales que no tengan una participación relevante en las exploraciones (sin especificar el tipo o porcentaje de colaboración).
Al mismo tiempo, se avanzaría en establecer un aumento en las multas a las corporaciones con mayor injerencia de entre dos a cuatro veces del beneficio de los cargamentos extraídos. En los casos donde no se pueda determinar el monto, la sanción monetaria oscilaría entre el valor de 2.000 y 40.000 barriles de petróleo (el doble del original).
Adicionalmente, en la iniciativa legislativa se incluiría la petición realizada por parlamentarios del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), donde se sugiere que ante un escenario de acción bélica drástica, como el hundimiento de un buque hostil o el derribo de aviones, la decisión debe ser aprobada por el Congreso, excluyendo al presidente y su ministro de Defensa.
El Gobierno espera despachar el proyecto de ley durante esta semana a la Comisión de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores del Parlamento para iniciar su respectivo debate.
Fuente: Portal Portuario
