
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1358/2026, que incorpora nuevos corredores a la Red Federal de Concesiones y establece un plazo máximo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales. Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la construcción, reparación, mantenimiento y explotación de los tramos incluidos, bajo un esquema de cobro de peajes.
El avance del programa se produce en medio de los cuestionamientos por el estado de la red vial.
Recortes presupuestarios y reclamos por el mantenimiento de las rutas
La controversia también está vinculada con la reducción de los recursos destinados a infraestructura. De acuerdo con datos públicos, el gasto ejecutado por Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial cayó un 80% en términos reales entre 2023 y 2026.
Además, según viene denunciando el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) solamente el 26,2% del dinero ingresado por el Sisvial entre enero de 2024 y mayo de 2026 se destinó a obras viales, mientras que el resto permaneció bajo administración del Ministerio de Economía y fue colocado en instrumentos financieros.
La falta de mantenimiento también provocó reclamos de distintas provincias, algunas de las cuales debieron intervenir con recursos propios en rutas nacionales. En Entre Ríos, incluso, la paralización de los fondos derivó en una presentación judicial que llevó a un juzgado federal a solicitar explicaciones al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional.
En este escenario, la decisión de avanzar con nuevos peajes reavivó los cuestionamientos sobre el financiamiento de las rutas, especialmente por el impacto que podría tener sobre los costos del transporte y los usuarios. Mientras el Gobierno busca transferir la operación de nuevos corredores al sector privado, persisten los reclamos por obras de reparación y mantenimiento en una red vial cuyo deterioro continúa acumulándose.
Fuente: Notitrans

