
El proceso privatizador que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei promete ser la comidilla política y judicial de los próximos años. Mientras en los últimos días se conoció que el Ministerio de Economía pagó más de $1.000 millones para que se hicieran cuatro tasaciones (Citelec, AySA, Intercargo y Belgrano Cargas) a pesar de que si lo hacía por medio del Tribunal de Tasaciones de la Nación el costo era cero, ahora la empresa Professional Communications SA presentó una demanda por el “uso de una patente ilegal”, con el objetivo de que se anule la privatización de Transener que quedó en manos de Edison Energía (Grupo Neuss) y Genneia.
En la presentación, a la que accedió en exclusiva Ámbito, realizada por la firma mencionada ante el Contencioso Administrativo Federal por la venta de las acciones de Enarsa en Citelec/Transener, se señala que el pliego de la privatización ocultó activos y no informó pasivos contingentes. Puntualmente, la demanda reclama que tanto Transener, como el consorcio ganador y el Ministerio de Economía, “indemnicen los daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido de una patente de invención, propiedad de PCSA e invención del Ing. Rubén Carlos Castaño”.
Por su parte, en diálogo con este medio, el abogado de Professional Communications, Claudio Barbieri, indicó que la empresa “es una acreedora tecnológica de Transener en un juicio que tiene 24 años por el uso ilegal de una patente. Cuando se hizo la privatización, investigamos la confección del pliego, motivo por el cual presentamos una impugnación ante el Ministerio de Economía por pasivos contingentes que no estaban informados en los pasivos de Transener”. Esa acción fue realizada en febrero, o sea más de dos meses antes de que se hiciera la apertura de sobres para conocer el consorcio ganador.
Según explicó Barbieri, uno de los pasivos no informados en el pliego de privatización de la firma correspondía a la empresa que él representa. “Llamativamente, nunca intervino la Procuración del Tesoro de la Nación a la hora de auditar los pliegos, por ejemplo entre varias irregularidades. Siguieron con la privatización sin resolver una impugnación administrativa a pesar de que la jurisprudencia de la Corte dice que tendrían que haberla resuelto antes”.
La falta de respuestas condujo a que la empresa promoviera un recurso de amparo que se encuentra tramitado en el fuero Contencioso Administrativo. “La Cámara no lo resuelve, entonces presenté una queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema”.
De acuerdo a lo que consta en la documentación a la que accedió Ámbito, la empresa presentó una serie de solicitudes de acceso a la información que “no fueron respondidas o nos respondieron con evasivas”. Este medio accedió a las solicitudes de acceso a la información en las que se requiere toda la documentación vinculada a la privatización, pero, según consta en las respuestas, fueron denegadas por los diferentes organismos del Estado que intervinieron.
El denunciante se percató de que “todos los expedientes administrativos desaparecían de la página donde estaban cargados. A eso también lo denunciamos porque no pueden borrarlos. El amparo por mora que presentamos tuvo sentencia a favor, y fue apelado por el Ministerio de Economía”. Una de las particularidades es que la Cámara en lo Contencioso debería haber resuelto en agosto, pero no fue así. Eso provocó una queja que recaló en la Sala IV del Máximo Tribunal.
Todo lo descrito llevó a que Professional Communications presentase, a fines de septiembre, una demanda ante el Juzgado Contencioso N°3 para que el proceso de privatización de Transener se anulase.
No es el primer problema al que se enfrenta Transener desde que se conoció que pasaba a ser controlada por el Grupo Neuss y Genneia. Es que luego de que Economía se desprendiera de la participación que ENARSA poseía en Citelec, controlante de Transener, a cambio de u$s356,1 millones, se supo que, al tomar control de la firma, los flamantes dueños se anoticiaron del dinero que había registrado en la caja. Y sin demora, en un movimiento interno, ordenaron a través del nuevo directorio repartir dividendos por $253.535.989.514 en efectivo.
El dinero repartido representa cerca de dos terceras partes de los fondos que Edison Transmisión, de los Neuss, y su coadjudicataria pagaron al Estado argentino para quedarse con la principal transportadora eléctrica del país.
La disputa
Según explica la demanda presentada por la empresa Professional Communications SA, todo comenzó en 2002, cuando denunciaron que en la infraestructura tendida a lo largo de las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión de Transener “coexiste un activo tecnológico e industrial estratégico de altísimo valor económico y patrimonial: la red de fibra óptica instalada (hilos claros y oscuros) y las servidumbres de paso asociadas”.
La mencionada infraestructura, desarrollada originalmente sobre la base de derechos, patentes e innovaciones tecnológicas que involucran a Professional Communications, fue "deliberadamente omitida, subvaluada y sustraída del control público en el procedimiento de enajenación de las acciones de CITELEC S.A", menciona el expediente.
“Esta infraestructura no constituye un accesorio menor ni un bien complementario irrelevante. Es un activo intangible estratégico, generador de renta independiente, vinculado a la seguridad de las comunicaciones críticas y a la conectividad nacional. Su existencia impone a la Administración la obligación de auditar, valuar y transparentar su estado jurídico y técnico antes de cualquier operación de enajenación”, concluyeron.
Son varias las privatizaciones que se encuentran judicializadas. Una de las más resonantes es la que atañe a la de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue. En esa ocasión, como informó Ámbito, en Neuquén, la Fundación Soberanía reclamó la anulación bajo el argumento de que el proceso respondió “a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.
Fuente: Ámbito

