El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció este miércoles que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
La fecha fue confirmada al finalizar la segunda y última jornada de audiencias entre las delegaciones de ambos países, celebradas en Hamburgo, Alemania.
Según informó Infobae, el anuncio estuvo a cargo del presidente del tribunal, Maurice Kamga, y establece un plazo de 17 días para que los magistrados deliberen sobre las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno argentino.
La resolución determinará si corresponde suspender las actividades vinculadas con el proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia de fondo.
Las autoridades argentinas esperaban una definición más rápida, incluso durante esta misma semana, pero finalmente deberán aguardar hasta fines de noviembre.
Qué pidió Argentina para frenar la explotación petrolera en Malvinas
Durante sus alegatos finales, el representante argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, reiteró el pedido de cuatro medidas provisionales dirigidas al Reino Unido.
La primera consiste en suspender nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion, en la cuenca norte de las Malvinas.
Argentina también solicitó que Londres se abstenga de utilizar información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos reclamados por el país.
Además, pidió que el Reino Unido deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección del medio marino y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Durante la exposición, Oyarzábal rechazó el argumento británico de que Argentina intenta introducir una controversia territorial en un procedimiento marítimo.
“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, sostuvo.
El especialista Marcelo Kohen, integrante del equipo jurídico argentino, insistió en que el tribunal no necesita resolver la soberanía sobre las islas para adoptar medidas provisionales.
Según la posición argentina, alcanza con establecer que los derechos invocados por Buenos Aires resultan plausibles bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Los riesgos ambientales del proyecto Sea Lion
Otro de los principales ejes de la audiencia fue el impacto ambiental que podría generar la explotación petrolera.
El asesor argentino Nico Schrijver presentó cuatro factores de riesgo relacionados con las características del proyecto.
Entre ellos mencionó su duración prevista de hasta 30 años, la instalación de 26 pozos y aproximadamente 60 kilómetros de líneas submarinas, además de un buque de producción anclado.
También advirtió sobre las dificultades para responder a eventuales derrames en condiciones meteorológicas extremas.
Según datos del operador citados por la delegación argentina, existe una probabilidad superior al 90% de que un derrame de gran magnitud alcance aguas internacionales, con residuos que podrían extenderse hasta 220 kilómetros al norte del yacimiento.
El Reino Unido rechazó esa interpretación del riesgo.
El abogado británico Guglielmo Verdirame citó la evaluación ambiental del proyecto, que considera muy improbable una pérdida catastrófica del buque de producción.
También señaló que la probabilidad estimada de un accidente grave durante la perforación es de uno cada 20.834 pozos.
La defensa británica sostuvo que una eventual suspensión provocaría importantes perjuicios económicos a las compañías involucradas.
Entre las cifras mencionadas aparece una pérdida estimada de U$S 1.000 millones para Rockhopper Exploration, una de las empresas vinculadas con Sea Lion.
La disputa por los plazos: por qué Argentina considera urgente la intervención
Uno de los puntos más discutidos durante las audiencias fue la fecha prevista para el comienzo de las perforaciones, establecida para el 21 de marzo de 2027.
Argentina sostiene que el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia podría no estar constituido a tiempo para intervenir antes de esa fecha.
Schrijver presentó antecedentes de seis procedimientos internacionales en los que la conformación de tribunales arbitrales demoró entre 3,8 y nueve meses.
Según el planteo argentino, incluso en el escenario más rápido, el organismo podría comenzar a funcionar apenas 15 días antes de las primeras perforaciones.
El representante argentino advirtió que una intervención posterior podría resultar insuficiente para preservar la situación actual.
“Si no es ahora, nunca será”, afirmó al cerrar su exposición.
Por su parte, el abogado británico Michael Wood cuestionó la comparación con esos antecedentes y sostuvo que un tribunal arbitral puede actuar rápidamente cuando existe una solicitud urgente.
El Reino Unido también señaló que Argentina modificó el alcance de su pedido: inicialmente buscaba suspender la explotación comercial, prevista para 2028, mientras que ahora pretende detener también las perforaciones preparatorias de 2027.
Qué argumentó el Reino Unido y qué decidirá el Tribunal del Mar
La delegación británica solicitó que se rechacen todas las medidas provisionales presentadas por Argentina.
Su representante, Sally Langridge, sostuvo que el reclamo argentino presupone que Buenos Aires ejerce soberanía sobre las islas y, por lo tanto, excede las competencias del Tribunal del Mar.
Londres también argumentó que Argentina no demostró suficientemente la existencia de derechos protegidos por la Convemar ni acreditó la urgencia necesaria para justificar una intervención provisional.
Además, afirmó que una suspensión perjudicaría principalmente a los habitantes de las islas y a las empresas que invirtieron en el proyecto.
La posición argentina es diferente: sostiene que el litigio puede abordarse desde el derecho marítimo internacional sin necesidad de resolver la disputa territorial.
El próximo 28 de noviembre, los magistrados deberán decidir si corresponde ordenar medidas provisionales para frenar Sea Lion.
La resolución no definirá la soberanía de las Islas Malvinas ni resolverá definitivamente la controversia jurídica entre Argentina y el Reino Unido.
Ese procedimiento continuará ante un tribunal arbitral que todavía debe completar su conformación.
Mientras tanto, la decisión de Hamburgo será determinante para establecer si las actividades petroleras pueden avanzar conforme al cronograma previsto o si deberán suspenderse mientras continúa el proceso internacional.
Fuente: La Voz
