Por Antonio Rossi
Camuflado con los ruidos del cierre de la campaña electoral y tras haber incorporado una asistencia crediticia estatal; el Gobierno de Javier Milei habilitó la apertura de las ofertas económicas de las constructoras del “club de la obra pública” que buscan quedarse con las primeras privatizaciones de rutas nacionales con peaje.
Tras analizar los antecedentes técnicos y económicos y solicitar una serie de correcciones; la comisión evaluadora de Vialidad Nacional, encabezada por el menemista Marcelo Campoy, precalificó a siete oferentes que ahora pasan a la instancia final para ver quienes se llevan las concesiones en juego.
Para el denominado tramo "Conexión" (que comprende el puente Rosario–Victoria), quedaron en carrera tres competidoras: Autovía Construcciones y Servicios (grupo Cartellone); la sociedad integrada por las firmas cordobesas Coyserv y Contreras Hermanos y la UTE conformada por las empresas santafesinas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.
En tanto, para el tramo “Oriental” (que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14 y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana) pasaron el filtro cuatro contendientes: Cartellone; el tándem de Roggio y Chediack; el grupo compuesto por Panedile, Supercemento y Eleprint; y la sociedad que armaron Rovella Carranza y Losi.
Tal como contó Letra P, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo logró asegurarse la participación de las principales constructoras luego de alterar radicalmente la esencia de las licitaciones viales que inicialmente dejaban en manos de las concesionarias privadas el mantenimiento y mejora de las rutas solo con el cobro de peajes y sin ninguna clase de ayuda o subsidio estatal.
Sobre el filo de la presentación de ofertas que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, la gestión libertaria modificó los pliegos licitatorios para que las empresas pueden acceder a un “esquema fiduciario de garantía y fondeo” que ofrecerá el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La asistencia financiera será por un monto máximo de $ 56.000 millones o de hasta el 70% del total de la inversión que establezcan los contratos de concesión, con una tasa en UVA +2% y un plazo de repago de hasta 6 años con 12 meses de gracia.
A ese incentivo estatal se sumarían otras dos medidas ofrecidas a las constructoras por Martín Maccarone, el funcionario fantasma del área de Infraestructura que trabaja para Caputo desde más de un año sin ningún decreto que avale su designación.
A Gustavo Weiss --titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y dueño de Eleprint--; Maccarone le habría prometido destrabar, después de las elecciones, el pago de una parte de las deudas atrasadas de Vialidad y definir una serie de obras hídricas y acueductos que están pendientes de adjudicación.
La intención oficial es avanzar con la apertura de los sobres económicos en la primera semana de noviembre.
La adjudicación de las concesiones se regirá por el criterio de la “oferta más conveniente”, que prioriza la tarifa más baja dentro de los “valores topes de referencia” que fueron establecidos para los automóviles. En el tramo Oriental, el peaje máximo a cotizar para cada una de las cuatro cabinas de cobro quedó fijado en $ 4.300; mientras que en el caso del tramo Conexión, el tope será de $ 4.056.
Primero se tomará en cuenta como mejor oferta la que exhiba el valor de peaje más bajo del tope tarifario estipulado para cada corredor. Si un oferente solicita cobrar una tarifa inferior al valor tope de peaje, el plazo contractual será de 20 años. En caso de que todos los oferentes coticen la tarifa tope, prevalecerá la propuesta que contenga el menor plazo contractual sobre una duración máxima de 30 años.
En caso de registrarse un empate entre dos ofertas con el mismo valor de peaje, se implementará una instancia de “mejora de ofertas” para que las competidoras eleven una nueva propuesta económica por debajo de la original. De mantenerse la paridad, la adjudicación se definirá por medio de un “sorteo”.
Una vez que tomen posesión de los tramos, los nuevos concesionarios implementarán de inmediato dos cambios tarifarios que impactarán directamente sobre los usuarios.
En primer lugar, restablecerán los cobros de peajes que se encuentran suspendidos desde principios de abril. En cada una de las cuatro estaciones de la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria, la tarifa inicial que deberán pagar los autos rondaría entre $1.400 y $1.500.
La segunda medida que comenzará a regir es el cobro de peajes a las motos que hasta ahora no tenían que pagar para transitar por las rutas nacionales.
Nota Editada en LetraP
