Por Antonio Rossi
Sobre la hora del plazo que se había autofijado para iniciar los procesos licitatorios; la administración de Javier Milei volvió a estirar los tiempos para la reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue que tienen sus concesiones vencidas y operan con prórrogas provisoria que vencen a principios de agosto.
Se trata de las licitaciones para volver a concesionar los complejos hidroeléctricos de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, que debían haber arrancado el 7 de mayo y que ahora se postergan entre 3 y 4 semanas más.
Por medio de la resolución conjunta 2/25 de la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP); la gestión libertaria volvió a estirar los plazos al disponer que recién ahora se dé inicio a los "actos preparatorios y ordenatorios" para llevar adelante un concurso público nacional e internacional destinado a la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes de las cuatro usinas del Comahue.
La resolución estableció que el área energética que comanda María Tettamanti deberá elaborar los pliegos de bases y condiciones que, entre otras pautas, incluirán los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad de presas y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrá las futuras operadoras en las próximas tres décadas.
Además, determinó que la ATEP -que conduce Diego Chaher- se encargará de realizar el llamado al "concurso público nacional e internacional" para la venta de las acciones de las cuatro centrales hidroeléctricas en juego.
Privatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue: una "comisión evaluadora" analizará las ofertas
Para analizar las ofertas, se creará una "comisión evaluadora" integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, los que serán designados en forma conjunta por la Secretaría de Energía y la ATEP.
A la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico" se le asignó la tarea de implementar el denominado "Data Room" para brindar la información y documentación sobre el estado de las centrales y el alcance de los pliegos a las empresas interesadas en el negocio. En tanto, a la estatal Enarsa le tocará efectuar una "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea y de reconocida trayectoria con credenciales y antecedentes suficientes, para que realice la tasación de los complejos hidroeléctricos".
Por último, la resolución invita a las provincias de Neuquén y Río Negro para que designen "un representante cada una en carácter de veedores, para que colaboren en el seguimiento del proceso a cargo de la ATEP y la Secretaría de Energía".
Cuatro nuevas sociedades anónimas
Para las nuevas concesiones, los técnicos del área energética crearon cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas. Se trata de Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA que fueron constituidas con el objetivo de facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las futuras concesionarias.
Las nuevas concesiones tendrán una duración de 30 años y las empresas que resulten adjudicatarias deberían hacerse cargo antes del 11 de agosto, la fecha en que expira la última prórroga anual concedida por la gestión libertaria a las actuales compañías controlantes.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están en poder del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante está en manos del grupo estadounidense AES. Por su parte, Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía. A su vez, la concesión de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Los borradores de los pliegos que diseñaron los funcionarios de Energía contienen cinco puntos relevantes:
- Para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán acreditar la propiedad de activos superior a u$s 300 millones de dólares y un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
- Un grupo oferente podrá adjudicarse hasta dos de las cuatro usinas.
- Las concesionarias salientes deberán hacerse cargo de las cancelaciones de los vínculos laborales y el pago de las indemnizaciones correspondientes a personal técnico y trabajadores permanentes y temporarios.
- En los dos primeros años de operación, las concesionarias deberán vender el 95% de la energía generada a un precio fijo dolarizado a las distribuidoras eléctricas que deben atender la demanda prioritaria residencial. El 5% restante lo podrán comercializar directamente a grandes usuarios o en el mercado mayorista eléctrico.
- El porcentaje de la venta regulada irá bajando con los años y en 2035 quedará igualado con la porción de libre comercialización.
Fuente: iProfesional
