Por Antonio Rossi
Mientras sigue dilatando el llamado a licitación para volver a concesionar las rutas con peajes; la conducción de Vialidad Nacional que comanda el menemista Marcelo Campoy se topó con la primera demanda judicial por el ajuste laboral y achicamiento interno que lleva adelante desde principios de año.
La Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad (APPSVN) denunció a Campoy y al titular de la Gerencia de Recursos Humanos, Diego Tomás Riveira por los presuntos delitos de “amenazas, coacción y abuso de autoridad” en que habrían incurrido al forzar una serie de desvinculaciones laborales y jubilaciones anticipadas de manera irregular.
La demanda –que quedó radicada en el juzgado nacional correccional y criminal 15 de la jueza Karina Zucconi—sostiene que las autoridades de Vialidad concretaron una serie de ataques y amenazas escritas y verbales contra empleados y delegados gremiales del organismo para obligarlos a renunciar y a interrumpir sus tareas sindicales.
Según la denuncia, a las acciones de intimidación se agregaron órdenes expresas cortar el pago de sueldos y prohibir, con la intervención de agentes de la Policía Federal, el ingreso al edificio de la casa central a alrededor de 50 profesionales y representantes sindicales que iban a ser despedidos.
En el caso del personal con fueros sindicales, la APPSVN destacó que los funcionarios de Vialidad avanzaron con acciones ilegales de presión y persecución destinadas a cortar las vinculaciones laborales sin haber concluido previamente con el trámite de exclusión de las tutelas gremiales que establecen las normas vigentes.
Puertas adentro del organismo, la conducción de Campoy continúa aplicando la “motosierra” con el plan de ajuste que trazaron los ministros de Economía, Luis Toto Caputo y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A principios de marzo, el timonel de Vialidad—que responde a Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei—ordenó dar de baja todos los contratos de obras de mantenimiento con empresas privadas que estaban en curso en el país sin importar el grado de avance que tenían.
La gestión libertaria justificó esa decisión—que va camino a agravar el marcado deterioro que presenta la red vial nacional por falta de inversiones--en las "restricciones presupuestarias significativas" que tendrá que afrontar la repartición durante este año.
A eso se agregó la puesta en marcha en abril de una poda interna que apunta a recortar el actual plantel operativo de Vialidad de 5.400 a 3.800 agentes. Los despidos en juego afectan empleados, técnicos y jerárquicos que desarrollan sus tareas en los todos los distritos provinciales y en la sede central porteña del organismo.
Paralelamente a la reducción de personal, las autoridades de Vialidad aguardan la salida de los decretos de la nueva restructuración estatal que viene anunciado Sturzenegger desde hace varias semanas.
La hoja de ruta prevista para Vialidad contemplaría la creación de un nuevo organismo que fusionaría sus tareas y funciones con las correspondientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y parte de los controles e inspecciones del transporte automotor de cargas y pasajeros que actualmente tiene a su cargo la CNRT.
A la espera de esos cambios que debe definir la Casa Rosada, los funcionarios de Vialidad tienen frenado el inicio del proceso licitatorio para las dos primeras concesiones bajo el régimen de peaje de la autovía del Mercosur (Tramo Oriental) y del puente Rosario-Victoria (Tramo Conexión).
Las rutas mesopotámicas y el enlace vial de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en juego estuvieron en manos de la concesionaria privada CRUSA (Caminos del Río Uruguay) hasta el 9 de abril pasado.
Al expirar la última prórroga contractual otorgada a principios de 2024, la administración mileísta decidió no renovarla y dar por finalizada la concesión que había nacido de las privatizaciones menemista a principios de los años 90.
Tras la salida de CRUSA, Vialidad se hizo cargo de las tareas de mantenimiento de banquinas, luminarias y servicios de auxilio del ex “Corredor Vial 18” y dejó de cobrar peajes en las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada.
Según el relato oficial, el levantamiento de las barreras de peaje regirá por un período inicial de seis meses o hasta que concluya el proceso licitatorio que dará paso a una nueva operadora privada.
Con los “pliegos técnicos y particulares” listos y publicados para salir a licitar, en Vialidad siguen aguardando la señal de largada que deben emitir Caputo y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher.
Debido a esa tardanza, empresarios y técnicos del sector ya advierten que Milei no podrá adjudicar sus primeras concesiones viales antes de octubre y que Vialidad deberá seguir manteniendo las rutas y el puente interprovincial sin cobrar peaje varios meses más.
Nota Editada en LetraP
