Por Antonio Rossi
La reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue que tenía que haber arrancado el miércoles sumó una nueva demora. El Gobierno de Javier Milei volvió a postergar, sin una fecha cierta, el comienzo del proceso licitatorio destinado a adjudicar las nuevas concesiones de las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila a operadoras privadas por un período inicial de 30 años.
La resolución conjunta 2/25 de la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) extendió otra vez los plazos en juego al disponer que recién a partir de ahora se dará inicio a los "actos preparatorios y ordenatorios del concurso público nacional e internacional” orientado a “la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes” de las cuatro usinas en juego.
La demorada reprivatización de las represas del Comahue debía haber comenzado el 9 de abril cuando finalizó la prórroga otorgada en octubre pasado. A raíz de las diferencias internas en el área energética y la disputa planteada los reclamos de las provincias de Neuquén y Río Negro; Milei firmó a principios de mes pasado el decreto 263/25 por el cual se fijó un nuevo corrimiento del plazo para llamar a licitación hasta el 7 de mayo.
Así se llegó a esa fecha límite sin que la gestión libertaria pudiera tener listo todos los papeles y el esquema licitatorio que para la reprivatización de las usinas que había anunciado el año pasado.
La resolución conjunta que sacaron el área energética conducida por María Tettamanti y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) manejada por Diego Chaher contiene seis puntos relevantes:
- La Secretaría de Energía será la encargada de elaborar los pliegos de bases y condiciones que, entre otras pautas, incluirán los nuevos contratos de concesión, las normas de seguridad de presas y de manejo de aguas, las obras y trabajos obligatorios y el esquema de remuneración que tendrá las futuras operadoras en las próximas tres décadas.
- La ATEP se ocupará de realizar el llamado al "concurso público nacional e internacional" para la venta de las acciones mayoritarios o controlantes de las cuatro centrales hidroeléctricas.
- Para analizar las ofertas, se creará una "comisión evaluadora" integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes, los que serán designados en forma conjunta por la Secretaría de Energía y la ATEP.
- La Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) tendrá la tarea de implementar el denominado "Data Room" para suministrar la documentación y los datos informativos del estado de las centrales y aclarar las dudas e interrogantes sobre las exigencias de los pliegos que plantean los potenciales oferentes.
- Por su parte, la estatal Enarsa deberá efectuar una "compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea y de reconocida trayectoria con credenciales y antecedentes suficientes para que realice la tasación de los complejos hidroeléctricos".
En lo que atañe a las provincias de Neuquén y Río Negro que pretenden quedarse con el control y manejo de las centrales; la resolución solo les concede la posibilidad de “designar un representante cada una en carácter de veedores, para que colaboren en el seguimiento del proceso a cargo de la ATEP y la Secretaría de Energía".
Más allá de esa participación como “observadores”, puertas adentro de la gestión mileísta admiten que en los pliegos podría aparecer una ventana para que los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck puedan comprar una porción minoritaria de los paquetes accionarios a los precios que surjan de la adjudicación a las operadoras privadas.
La intención oficial sería reservar no más del 10% del paquete accionario de cada concesión de las represas para que las provincias decidan qué porcentaje quieren adquirir.
Las futuras concesiones tendrán una duración de 30 años y las empresas que resulten adjudicatarias deberían hacerse cargo antes del 11 de agosto, cuando expira la última prórroga anual concedida por la gestión libertaria a las actuales compañías controlantes.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están en poder del grupo italiano ENEL, accionista principal de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante. La concesión de Cerros Colorados recae en la empresa local Aconcagua Energía. Por su parte, Piedra del Águila se encuentra en manos del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Tal como ha venido informando LetraP, para la licitación de las nuevas concesiones, la administración libertaria armó cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas para poder facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias.
Además de las actuales concesionarias (ENEL, AES, Aconcagua Energía y Central Puerto); las centrales en juego estarían en la mira de otros cuatro grupos locales: Pampa Energía (conducido por Marcelo Mindlin); MSU (de la familia Santos Uribelarrea); Integra Capital (piloteado por José Luis Manzano) y Edison Energía (la sociedad de los hermanos Neuss, Newsan e Inverlat Investments).
Nota Editada en LetraP
