Por Antonio Rossi
Tras extender el plazo para la presentación de ofertas hasta el 10 de junio, la administración de Javier Milei decidió introducir un atípico recargo que, a modo de garantía de cumplimiento de las inversiones, deberán afrontar las empresas que se adjudiquen el negocio de las "megabaterías eléctricas" que serán utilizadas en la región metropolitana del AMBA para reforzar la oferta de energía eléctrica en los períodos de mayor demanda.
Tras recibir el visto bueno de la Secretaría de Energía que comanda María Tettamanti, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista (Cammesa) puso en marcha a fines de febrero el proceso licitatorio para contratar la instalación de nuevos "contratos de almacenamiento de energía eléctrica" (AlmaGBA) con las distribuidoras Edenor y Edesur para mejorar la confiabilidad y las condiciones de abastecimiento den la región metropolitana.
La licitación en curso tiene como objetivo obtener un "paquete de megabaterías" que permitan stockear hasta 500 MW destinados a apuntalar el suministro eléctrico en los meses de mayor demanda cuando el parque de generación no resulta suficiente.
El plazo de instalación de las "megabaterías eléctricas" oscilará entre 12 y 18 meses y el recupero de las inversiones -estimadas en torno de u$s500 millones- será con un adicional en la compra de energía que abonarán Edenor y Edesur y que luego trasladarán a los usuarios con un recargo tarifario. Para reforzar el interés de los posibles oferentes, el pliego establece que, si las distribuidoras dejan de abonar la parte que les corresponde, el Estado -a través de la Cammesa- actuará como "pagador de última instancia".
Más allá de esa cláusula que prácticamente elimina el riesgo de la falta de cobro, las empresas que ganen la licitación deberán hacer frente a un inusual esquema de desembolsos periódicos mientras llevan adelante las obras de montaje y habilitación de los centros de almacenamiento de energía eléctrica.
Esos pagos los podrán recuperar si logran cumplir con los plazos comprometidos para la puesta en servicio de las megabaterías. Pero si se atrasan, pueden sufrir entre un 25% y 50% de descuento a la hora de la devolución de esos pagos.
Según las reglas licitatorias, las firmas adjudicatarias tendrán que abonar hasta la habilitación comercial de los equipos un "pago inicial por adjudicación por la cantidad de pesos equivalente a u$s4.000 por Megavatio (MW) de potencia de almacenamiento contratada".
Luego deberán concretar "pagos trimestrales" con la siguiente progresión: a) hasta el cuarto trimestre calendario del año 2026 abonarán el equivalente en pesos a US$ 4.000/MW de la potencia contratada; b) Durante 2027, los desembolsos cada tres meses serán de US$ 6.000/MW y c) en 2028, los pagos trimestrales se elevarán al equivalente de u$s8.000/MW.
Devoluciones condicionadas
Los ingresos por ese concepto serán administrados por los funcionarios energéticos hasta que el proyecto alcance la "habilitación comercial", momento en el cual se procederá al reintegro de los montos de acuerdo con el siguiente esquema:
- Las empresas que pongan en funcionamiento las megabaterías antes del 30 de junio de 2026 recuperarán la totalidad de los pagos
- Las que demoren hasta el 30 de junio de 2027, recibirán el 75% de lo abonado.
- En tanto, las que se retrasen hasta el 31 de diciembre de 2028, van a recibir solo el 50% del monto pagado como garantía de cumplimiento del contrato.
En lo que atañe a las condiciones y exigencias técnicas, el pliego establece que se deberá ofrecer provisión de energía y disposición de potencia "durante al menos cuatro horas consecutivas por ciclo de descarga completa".
La potencia máxima por centro de almacenamiento podrá ser de hasta 150 MW, mientras que el nivel mínimo a ofrecer será de 10 MW.
Las ofertas se deberán presentar en "dos sobres cerrados y opacos". El "sobre "A" incluirá la propuesta técnica y el "sobre B", la oferta económica. Para el análisis y comparación de las ofertas se tomarán en cuenta los siguientes ítems: el Valor Ofertado (VO) en U$S/MW y el Valor de Impacto Nodal (VIN), que se determina en función de una valorización del impacto de la potencia ofertada en las condiciones de operación de cada nodo la red y la cotización expresada en U$S/MW-mes.
El contrato a firmar con las empresas ganadoras contemplará el pago de la potencia de almacenamiento disponible en U$S/MW-mes y será función del Valor Ofertado, de la capacidad de almacenamiento, de la relación entre las horas de almacenamiento validadas (HAV) y las horas de almacenamiento comprometidas (HAC).
En el llamado licitatorio, las autoridades energéticas destacaron que "los nuevos sistemas de almacenamiento de energía Battery Energy Storage System (BESS) servirán para cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de rápida respuesta. Además, permitirán el control de tensión y la administración de potencia reactiva, evitando así inconvenientes en instalaciones preexistentes donde los equipos están al límite de su potencia de cortocircuito de diseño".
Fuente: iProfesional
