Energia y Transporte

Los planteos al consorcio Corresur se focalizan en peajes más caros y ocho nuevas cabinas de cobro. Quejas por la ausencia de obras y conversión en autopistas.

El 1 de julio, el consorcio integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose se hizo cargo de los tramos viales Acceso Sur —que comprende 50 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza—; Sur, de 870 kilómetros de las RN 3 y 205 en territorio bonaerense; y Atlántico, que abarca 404 kilómetros de la RN 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

Arrancó con un beneficio tarifario inmediato: sin haber iniciado ninguna obra, recibió la autorización de la administración libertaria para aumentar un 19% los peajes que hasta ese momento cobraba la concesionaria estatal Corredores Viales.

La letra chica del proyecto AMBA I incorporó restricciones a firmas con participación del sector público. Quedarían afuera la dueña de Edesur y Transener.

A poco más de un año de haberlo anunciado, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la licitación del proyecto de transporte eléctrico AMBA I, con un pliego que combina asistencia estatal, financiamiento internacional, beneficios del RIGI y una cláusula que restringe la participación de empresas vinculadas con gobiernos extranjeros, en particular China.

La licitación se conoce después de una fuerte advertencia de Estados Unidos por la presencia china en sectores estratégicos argentinos. El embajador estadounidense Peter Lamelas advirtió que la tecnología china en redes vinculadas con áreas estratégicas puede afectar la llegada de capitales extranjeros. También vinculó la seguridad de los datos con la seguridad nacional y pidió no perder la oportunidad de convertir a Vaca Muerta en un polo energético global.